- Sistema de Finanzas Abiertas obligatorio: mayor competencia, mejor inclusión y mayor profundidad financiera
- El decreto que regulará el sistema se encuentra en consulta pública hasta el 3 de julio.
- Desde el Gobierno aseguran que generará más competencia, mejores tasas y nuevos productos adaptados al perfil del usuario.
Colombia se prepara para oficializar un cambio estructural en su sistema financiero.
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), adscrita al Ministerio de Hacienda, abrió esta semana la segunda ronda de comentarios al proyecto de decreto que reglamentará el Sistema de Finanzas Abiertas. Esta etapa estará abierta hasta el próximo 3 de julio, y el decreto final se espera para el mismo mes.
Según explicó el superintendente financiero, César Ferrari, con esta iniciativa los bancos estarán obligados a competir en mejores condiciones, lo que se traducirá en tasas más bajas para los clientes y un mayor desarrollo del mercado de crédito a largo plazo. “Estamos esperando que salga el decreto que hace el sistema obligatorio para comenzar a implementarlo. Eso genera competencia en los bancos, lo que termina en mucha más profundidad financiera”, afirmó Ferrari durante un evento institucional sobre los avances de supervisión del sector.
Este nuevo marco obligará a entidades financieras a compartir información financiera de los usuarios con terceros autorizados, siempre con consentimiento previo y explícito del consumidor. La idea es que nuevos jugadores —incluidas fintechs y plataformas tecnológicas— puedan ofrecer productos más personalizados, fomentar la inclusión financiera y dinamizar el ecosistema con nuevas alternativas de crédito y servicios.
Regulación en línea con la región y apoyo del sector privado
La primera versión del decreto se publicó en diciembre de 2024, pero, según las autoridades, el texto fue ajustado recientemente para simplificar su implementación y adaptar los estándares técnicos a las capacidades del mercado local. El proyecto ahora incluye detalles sobre quiénes estarán obligados a participar, qué tipo de datos serán compartidos, y en qué etapas se irá desplegando el sistema.
El documento también establece que la Superintendencia Financiera tendrá seis meses desde la entrada en vigor del decreto para definir el cronograma de implementación. Esto significa que las primeras acciones tangibles del sistema obligatorio podrían comenzar a verse en 2026.
Desde el sector privado también hubo respaldo. El presidente de la Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró durante el evento que las entidades financieras han mostrado apoyo a esta iniciativa, especialmente por su potencial para ampliar el tamaño del mercado y generar condiciones de competencia más equilibradas.
Latinoamérica empuja su agenda de finanzas abiertas
La experiencia colombiana se suma a una tendencia regional más amplia. Brasil lidera la implementación de Open Finance con un ecosistema robusto y mandatos obligatorios desde 2021. México ha legislado el tema dentro de su Ley Fintech, y Chile avanza con normativas específicas desde su Ley de Innovación Financiera. Perú, Argentina y Uruguay también han comenzado a diseñar marcos regulatorios para seguir este camino.
El modelo que propone Colombia toma elementos de estos referentes, especialmente en cuanto a reciprocidad de acceso, protección del consumidor y estandarización técnica, pero ajustado a las necesidades del país. El objetivo final es doble: cerrar brechas de inclusión y dar un salto en la digitalización del sistema financiero, sin dejar de lado la supervisión y la seguridad de los datos.
Consulta pública del decreto
Los interesados en comentar el proyecto normativo pueden hacerlo hasta el 3 de julio de 2025 a través del portal de la URF.
