- El gobierno busca homologar las reglas fiscales con estándares internacionales, como los de Estados Unidos y Canadá
- La medida podría tocar fibras sensibles en la relación con la banca
En la estrategia para reforzar las finanzas públicas y aumentar la equidad fiscal, el gobierno de Claudia Sheinbaum propuso eliminar, a partir de 2026, la deducción impositiva que los bancos hacen por sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La medida forma parte del Paquete Económico 2026 y promete generar cerca de 10 mil millones de pesos adicionales al año para las arcas del Estado.
Según el análisis publicado por Bloomberg, los bancos más grandes de México serán los más afectados por el cambio propuesto: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y el Banco Santander SA de España, junto con Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Banamex de Citigroup Inc.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que la deuda cuyo pago el IPAB administra tuvo su origen en el Fobaproa, un rescate que comenzó como privado y terminó asumiendo carácter público tras las crisis bancarias de los años noventa. “Esa deuda que era privada y se convirtió en deuda pública; hay una parte que aportan los bancos … Pues no lo van a creer: se deduce de impuestos … Ya no la van a deducir a partir del próximo año”, declaró la mandataria, asegurando que esto es parte del paquete de ingresos que presentará al Congreso.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, por su parte, explicó que la deducibilidad actual supone que los contribuyentes “subsidien” indirectamente esos pagos, ya que al deducirse los bancos reducen su carga fiscal. Según Amador, el principio detrás del cambio es uno de armonización fiscal: otras jurisdicciones —como Estados Unidos y Canadá— no permiten deducir pagos similares al seguro de depósitos bancarios, por lo que México busca alinearse con esas prácticas.
Las reacciones forman parte del debate público. Desde el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, celebró la medida como un avance en justicia fiscal y transparencia en el uso del dinero de los ciudadanos, pues recordó que el Fobaproa dejó una deuda que recae en la población.
Los retos que enfrenta
Para el gobierno, esta medida no es solo un ajuste contable: es una declaración de principios sobre quiénes deben cargar con los costos de rescates financieros pasados que siguen pendientes. Al remover un beneficio fiscal que favorecía al sector bancario, el Estado busca recuperar recursos que hasta ahora se “perdían” porque eran deducibles.
Sin embargo, este paso implica también algunos desafíos. Primero, la banca podría trasladar parte de este costo al usuario final, ya sea mediante comisiones mayores o productos financieros menos generosos, lo que repercute en la percepción pública del cambio. Segundo, aunque Sheinbaum mencionó que ya ha conversado “en su momento” con algunos dueños de bancos, existe el riesgo de que las instituciones financieras cuestionen la legalidad, la retroactividad o los detalles de la aplicación.
Además, el Estado tendrá que cuidar que esta medida no afecte la estabilidad financiera ni desaliente la inversión privada, sobre todo de bancos con capital extranjero, para quienes las reglas fiscales en otras jurisdicciones importan mucho. En la iniciativa presentada, se señala que las cuotas que los bancos pagan al IPAB no son estrictamente obligatorias para generar sus ingresos, lo que justifica su exclusión de la deducibilidad fiscal
Para el Estado, acabar con la deducción de impuestos por aportaciones al IPAB es más que una medida recaudatoria: es un gesto simbólico de responsabilidad fiscal y de redistribución de cargas, especialmente hacia aquellos sectores que han sido menos cuestionados históricamente. Con los 10 mil millones de pesos anuales esperados, se busca aliviar presiones presupuestarias sin afectar directamente al consumo o al bolsillo de la mayoría. Pero para que la medida cumpla su objetivo sin efectos colaterales negativos, será clave su tono, su implementación y su articulación regulatoria.