- La fusión de dos fintech colombianas revela sobre el verdadero cuello de botella de los pagos B2B en América Latina: no es la tecnología, es el cumplimiento normativo
- Habilitará pagos transfronterizos entre Estados Unidos y América Latina, con foco inicial en Colombia, México, Ecuador y Venezuela
Esta semana, las fintech colombianas Payments Way y Milio anunciaron Dagurpay, una plataforma conjunta para pagos transfronterizos entre Estados Unidos y América Latina, con foco inicial en Colombia, México, Ecuador y Venezuela. El anuncio se presenta como una historia de velocidad y costos: liquidación en menos de 24 horas, comisiones más bajas que el circuito bancario tradicional. Pero leído en el contexto regulatorio actual, el movimiento cuenta advierte que sostener ese movimiento dentro de un marco de cumplimiento se volvió más exigente y más fragmentado.
Por qué la banca corresponsal sigue siendo el cuello de botella
El circuito bancario tradicional para transferencias B2B transfronterizas se volvió, en la práctica, una herramienta de control de cumplimiento cada vez más estricta: cadenas de bancos corresponsales más largas, transacciones congeladas por semanas mientras se auditan, y comisiones de conversión que se comen entre 3% y 5% del monto total. Ese endurecimiento no es arbitrario: responde a estándares del GAFI (FATF) que en 2026 exigen que las empresas que operan con activos digitales identifiquen a los beneficiarios reales de cada transacción, lo que obliga a cualquier plataforma —Dagurpay incluida— a verificar la titularidad de las billeteras de sus clientes antes de mover fondos.
Esto explica por qué los bancos comerciales de la región bloquean de forma automática las cuentas corporativas que reciben fondos desde plataformas P2P informales o exchanges sin registro local: no es fricción burocrática porque sí, es la consecuencia directa de un régimen de cumplimiento que traslada el riesgo legal hacia quien recibe el dinero. Cualquier fintech que prometa resolver pagos transfronterizos «en un solo lugar» está, en los hechos, ofreciéndose como garante de ese cumplimiento frente a la banca local. Es una promesa valiosa si se sostiene, y un pasivo enorme si falla.
Un mapa regulatorio que cambia país por país
La apuesta de Dagurpay por operar simultáneamente en Colombia, México, Ecuador y Venezuela implica navegar cuatro marcos normativos que se mueven a velocidades distintas:
- Colombia, con el Decreto de Finanzas Abiertas (0368) todavía en implementación, avanza hacia una arquitectura de datos financieros compartidos que eventualmente podría facilitar este tipo de infraestructura, pero que hoy sigue exigiendo definiciones claras sobre responsabilidad y consentimiento entre entidades.
- México endureció el otorgamiento de licencias bancarias y fintech después de las sanciones de FinCEN a instituciones mexicanas, lo que elevó el estándar de due diligence para cualquier jugador extranjero o regional que quiera operar en el corredor con Estados Unidos.
- Venezuela, por sus propias restricciones cambiarias y la falta de marcos claros para activos digitales, representa el mercado de mayor riesgo regulatorio del combo, y probablemente el que más presión ponga sobre la infraestructura de compliance de la plataforma.
Ese mosaico normativo es, en gran medida, el motivo real detrás de este tipo de fusiones: una sola fintech difícilmente pueda sostener el costo de compliance en cuatro jurisdicciones distintas por su cuenta. La unión de capacidades no es solo una historia de escala comercial, es una respuesta directa a que el cumplimiento normativo multijurisdiccional se volvió demasiado caro para operar en solitario.
El riesgo de concentrar el cumplimiento en un solo proveedor
Hay un problema que las plataformas de este tipo rara vez explicitan en sus anuncios: cuando una fintech promete «asumir» la carga regulatoria de sus clientes, también concentra en un solo punto todo el riesgo de compliance de ese corredor. Una congelación de cuenta por una auditoría sorpresiva, o una solicitud de información sobre beneficiarios finales que no pueda resolverse a tiempo, puede paralizar el capital de trabajo de todos los clientes de la plataforma al mismo tiempo, no solo el de uno. Este es precisamente el motivo por el que las guías de tesorería corporativa en 2026 recomiendan que las empresas no dejen fondos operativos atrapados en la cuenta de un solo proveedor centralizado, y que mantengan control directo sobre sus propias llaves o cuentas cuando el volumen lo justifica.
Para Dagurpay, esto plantea una pregunta que va a definir su viabilidad más que cualquier métrica de velocidad de liquidación: ¿qué pasa el día que un regulador —colombiano, mexicano o de la OFAC en Estados Unidos— pida trazabilidad completa de un flujo y la plataforma no pueda resolverlo en tiempo razonable? La respuesta a esa pregunta importa más para un banco o una empresa que evalúa contratarla que cualquier promesa de menor costo por transacción.
La ventana regulatoria que están tratando de aprovechar
Dicho esto, el timing no es casual. El sector fintech regional está viviendo un momento en el que la claridad normativa —más que la ausencia de regulación— se volvió la variable que atrae capital institucional: marcos como la Ley GENIUS en Estados Unidos y MiCA en Europa demuestran que la claridad regulatoria, lejos de frenar la adopción, es lo que permite que bancos y grandes empresas se animen a operar con estos rieles. Dagurpay, como cualquier jugador que apueste a consolidar pagos B2B en la región, está en una carrera contra el tiempo: construir capacidad de cumplimiento robusta antes de que la próxima ola regulatoria —que ya se está gestando en Colombia, México y potencialmente Argentina— eleve otra vez la vara.
