- A partir de ahora, se podrán bloquear judicialmente plataformas que operen sin registro en el país
- Sin embargo, la medida es insuficiente para evitar estafas como las de $Libra
- Consultamos a un experto en el tema, que opina que es crucial una mayor cooperación internacional para evitar que los esquemas fraudulentos simplemente migren a otras jurisdicciones
Luego del escándalo internacional desatado por $Libra, el gobierno de Argentina ha implementado nuevas medidas regulatorias para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Esta reglamentación era estudiada desde hace dos años; pero el anuncio se precipitó, en un intento de mitigar las incesantes repercusiones de la estafa cripto impulsada por el presidente Javier Milei —que afectó a más de 40 mil inversores y generó pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares—. Porque la semana pasada, la firma de inteligencia on-chain Lookonchain, informó que al menos 8 billeteras vinculadas al equipo de Libra extrajeron liquidez del token, y se embolsaron 57,6 millones en USD Coin y 249.671 Solana, valorados en 49,7 millones de dólares.
En 2023, en el país se estableció un registro para todas las personas físicas y jurídicas que operan en el país. La medida se implementó ante la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional, que exigía este control para evitar que Argentina ingresara en la “lista gris” de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Actualmente, hay 131 empresas y nueve personas físicas registradas (140 en total), mientras que unas 60 solicitudes aún están en proceso de aprobación. Con la nueva resolución, deberán cumplir con una serie de requisitos, obligaciones y restricciones poder operar.
Nueva regulación para activos digitales
La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General N° 1058, que establece un marco normativo que busca garantizar transparencia, estabilidad y protección a los usuarios de activos digitales.
Esta nueva normativa surge en cumplimiento de la Ley N° 27.739, que designa a la CNV como el organismo encargado de supervisar a los PSAV. Tras un proceso de consulta pública en 2023, la regulación fue ajustada con aportes del sector privado, buscando un equilibrio entre la supervisión efectiva y la promoción de la innovación. A diferencia de otras normativas de la región, esta regulación no afecta a los usuarios, sino que estará enfocada en las empresas.
La regulación establece 5 categorías de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales:
- Intercambio entre Activo Virtual y dinero fiat
- Intercambio entre Activos Virtuales
- Transferencia de Activos Virtuales
- Custodia y administración de Activos Virtuales
- Participación y provisión de servicios financieros en relación con la oferta y venta de un Activo Virtual por parte de un emisor.
La resolución establece principios y condiciones para las plataformas que operan con activos virtuales, definiendo reglas de actuación, normas de transparencia y requisitos prudenciales. Entre los puntos clave, se contemplan:
- Imposición de un patrimonio neto mínimo para poder operar como PSAV
- Segregación de cuentas
- Auditorías anuales obligatorias
- Obligación de informar sobre convenios con terceros
- Sanciones y medidas de control
La CNV tendrá facultades para suspender o revocar inscripciones en caso de incumplimiento. Además, se podrán bloquear judicialmente plataformas que operen sin registro en el país. Para garantizar el cumplimiento, se ha establecido un cronograma de adecuación para que los PSAV cumplan con los nuevos requisitos, con fechas límite que varían según su condición legal.
¿Es suficiente esta medida regulatoria?
Aunque esta regulación es un paso adelante, la opinión de los expertos es que no es suficiente por sí sola. Porque, por ejemplo, podría generar la falsa expectativa de que estos productos de inversión y sus mercados están bajo supervisión y tienen garantías similares a los mercados de valores.
Juan Pablo Salazar, abogado experto en derecho digital y Public Affairs, explica que la normativa «es muy positiva para todos los actores del ecosistema cripto, incluyendo empresas proveedoras de servicios de activos virtuales y los usuarios. En la medida que los países sigan avanzando con la regulación, se logrará una protección al usuario, lo importante es que la regulación no estrangule la innovación».
Y continúa: «Esta regulación era necesaria para ordenar el mercado y brindar un marco de seguridad jurídica. Sin embargo, aún hay vacíos normativos, especialmente en la supervisión de los activos virtuales en sí y en los mecanismos de protección al inversor«.
La gran pregunta que circula es si estas medidas podrían evitar futuras estafas como la de Libra. Salazar puntualiza que «es un avance, pero no una solución definitiva. Sin una regulación integral que abarque tanto a los PSAV como a los activos digitales en sí, seguirá habiendo riesgos de fraude. Además, es crucial una mayor cooperación internacional para evitar que estos esquemas fraudulentos simplemente migren a otras jurisdicciones. Se necesita una regulación más amplia que abarque el mercado en su totalidad, incluyendo las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y la publicidad de productos cripto. Además, es fundamental educar a los inversores para que puedan identificar posibles esquemas fraudulentos».
En el mismo sentido, en el portal Cointelegraph entrevistó a Alfredo Muñoz García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que opinó que “la norma no regula los activos virtuales, sus ofertas, la información que se ha de suministrar con ellas ni el mercado de este tipo de activos». A lo que apunta, es que se puede generar la falsa expectativa de son productos de inversión supervisados, garantizados como los mercados de valores, y esto no es así.
Como en toda América Latina, es crucial que las autoridades continúen trabajando en un marco integral que abarque todos los aspectos del ecosistema de activos virtuales para evitar futuros fraudes y estafas.
