- Los bancos de Estados Unidos esta semana le declararon la guerra a la CLARITY Act. Un conflicto que va más allá de las stablecoins
- El CEO de JPMorgan prometió «pelear» la ley en el Senado. Detrás de las declaraciones de Dimon hay una disputa estructural sobre quién controlará la infraestructura financiera de la próxima década
- La American Bankers Association envió más de 8.000 cartas a oficinas del Senado para fijar su posición
Cuando Jamie Dimon tomó la palabra en el Reagan National Economic Forum el 29 de mayo pasado, no habló como un ejecutivo preocupado por el riesgo sistémico. Habló como alguien que defiende territorio. «Los bancos no lo van a aceptar de esta forma«, advirtió el CEO de JPMorgan Chase, refiriéndose a las provisiones de la CLARITY Act que permitirían a plataformas cripto ofrecer rendimientos sobre stablecoins sin las mismas obligaciones regulatorias que enfrentan los bancos. La declaración no fue un comentario al margen: fue una señal de combate.
En la misma entrevista, Dimon sostuvo que la ley «permite efectivamente pagar intereses sobre depósitos —stablecoins o algo similar— sin las protecciones que deberían tener», y señaló que tampoco aborda adecuadamente las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario ni las normas antilavado (AML/BSA). Fue más lejos aún al referirse sin nombrarlo a Brian Armstrong, CEO de Coinbase: «No vamos a doblar la rodilla ante este tipo ni ante esta compañía. Gastaremos lo que haya que gastar. Si perdemos, perdemos, y seguiremos viviendo. Pero se va a pelear».
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El nudo: los rendimientos sobre stablecoins
El corazón del conflicto es técnico, pero sus implicancias son sistémicas. La CLARITY Act permitiría a emisores de stablecoins y plataformas cripto ofrecer rendimiento sobre tokens vinculados al dólar, algo que los bancos equiparan a operar cuentas de ahorro fuera del sistema bancario regulado. Para la banca, eso no es innovación financiera: es arbitraje regulatorio.
Dimon encuadró la disputa como una cuestión de equidad competitiva: «Tenemos requisitos para construir sucursales en vecindarios de bajos ingresos; tenemos requisitos de liquidez, de capital, de reporte; tenemos 84 reguladores encima nuestro. Solo decimos que las reglas deberían ser justas e iguales, punto».
El argumento tiene peso. Pero sus críticos lo leen de otra manera: los bancos no buscan igualdad regulatoria, buscan preservar el modelo de negocio que durante décadas les permitió captar depósitos baratos y prestarlos caro.
Un intento de compromiso entre los senadores Thom Tillis y Angela Alsobrooks sobre los rendimientos de stablecoins fue inmediatamente atacado por las asociaciones bancarias como demasiado favorable al sector cripto, con miembros de la American Bankers Association enviando más de 8.000 cartas a oficinas del Senado criticando el acuerdo.
El lobby en números y la dinámica política
Los bancos han invertido 56,7 millones de dólares en lobby contra las provisiones de rendimientos. Las empresas cripto, por su parte, recaudaron más de 200 millones de dólares para el ciclo electoral de 2026. La asimetría de recursos no es tan clara como parece: la banca tradicional compensa con décadas de relaciones institucionales en Washington que ningún exchange puede replicar en el corto plazo.
El lobby bancario logró ralentizar un proyecto de ley que, en julio de 2025, había logrado algo raro en el Congreso actual: aprobación bipartidista en la Cámara con 294 votos a favor y 134 en contra. Ese impulso se diluyó en el Senado, donde el Comité Bancario recién lo avanzó en mayo de 2026 con un resultado de 15 votos a favor y 9 en contra, con apoyo demócrata frágil y condicionado.
La tensión llegó a tal punto que la Casa Blanca acusó públicamente a los bancos de intentar «secuestrar» el proyecto legislativo para convertirlo en una ley anticompetencia.
El argumento que los bancos no quieren escuchar
El ex presidente de la CFTC, Christopher Giancarlo, invirtió la narrativa: son los bancos, más que las empresas cripto, quienes necesitan que la CLARITY Act se apruebe, porque la certeza regulatoria que provee es condición necesaria para que las instituciones financieras tradicionales puedan invertir en nueva infraestructura de pago digital.
La paradoja es real. El propio Dimon reconoció durante la entrevista que la blockchain es una «tecnología legítima» y que las stablecoins podrían ser útiles para distintos servicios. JPMorgan ya opera infraestructura de pagos basada en blockchain a través de su sistema JPM Coin y tokens de depósito para liquidación institucional. Los bancos pelean contra una ley que regula un mercado en el que ya participan.
Una ventana que se cierra
El 4 de junio, JPMorgan publicó un informe liderado por el managing director Nikolaos Panigirtzoglou advirtiendo que la ventana para aprobar la CLARITY Act en 2026 se está cerrando rápidamente, presionada por el calendario electoral de las elecciones de medio término.
El debate sobre la CLARITY Act no es solo sobre stablecoins ni sobre Coinbase versus JPMorgan. Es sobre quién define la arquitectura regulatoria de las finanzas digitales en el mercado más grande del mundo, y qué instituciones quedarán en el centro de esa arquitectura.
Si la ley se aprueba con las provisiones de rendimientos intactas, las plataformas cripto ganan legitimidad para operar productos que compiten directamente con los depósitos bancarios tradicionales. Si se aprueba sin ellas —o no se aprueba— la banca preserva su ventaja regulatoria por al menos cuatro años más. En cualquiera de los dos casos, el resultado definirá las reglas del juego para la tokenización de activos, los pagos transfronterizos y la infraestructura financiera de la próxima década.
