La ley Fintech Mexicana y el desafío de regular el futuro

Ley Fintech Mexicana y el desafío de regular el futuro
Gilberto Perez, CNBV

Las primeras conclusiones de la puesta en marcha de la Ley Fintech mexicana muestran que el 70% de las aplicaciones para convertirse en Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) provienen de plataformas de dinero electrónico.

Así lo confirmó Gilberto A. Pérez, director Director de Desarrollo Regulatorio, CNBV, y parte del equipo que desarrolló la Ley Fintech mexicana, durante su intervención en la última edición de M2Bank & Fintech Latam. El evento se realizó del 11 al 13 de noviembre en Silicon Valley y reunió a los principales protagonistas de la industria financiera latina y mundial. 

Pérez explicó los detalles y las primeras conclusiones de la Ley Fintech Mexicana, regulación pionera en Latinoamérica sobre esta área.

Entre los aspectos regulatorios de la norma, se destaca el concepto deInstituciones de Tecnología Financiera, para referirse a las entidades que gozan de la autorización de la CNBV para operar. El visto bueno resulta del acuerdo del Comité Interinstitucional, integrado por 6 miembros, distribuidos proporcionalmente entre Banxico, SHCP y la entidad regulatoria. 

Las instituciones de tecnología financiera se entienden como aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico. Además del uso de activos virtuales en dichas operaciones. Hasta ahora 70% de las aplicaciones recibidas provienen de entidades que están interesadas en operar como plataformas de dinero electrónico.
 

Un delicado equilibrio

De acuerdo a datos compartidos por el representante de la institución mexicana, el ecosistema Fintech se acerca a casi 400 startups en funcionamiento. Con un crecimiento del 18% y alrededor 100 nuevos empresas de esta clase en el último año. 

La ley define a las tecnologías financieras como “la provisión de productos y servicios financieros a través de nuevos modelos de negocio, basados en tecnologías e
innovaciones”. Entre las mayores tendencias se menciona a Blockchain, Regtech, Inteligencia Artificial y la ICO.

El texto reconoce entre los principales beneficios de estas iniciativas a la inclusión financiera, el surgimiento de nuevos emprendimientos y la escalabilidad de los modelos. Sin embargo, también destaca los riesgos relacionados con el  lavado de dinero, la incertidumbre legal, el financiamiento al terrorismo o la carencia de normas que protejan al consumidor.

Legislar sin frenar

Para dar respuesta a esta situación el país emitió la Ley Fintech mexicana en marzo de 2018. Entre las diferentes tipos de empresas afectadas se encuentran las que se dedican a los pagos electrónicos, el crowdfounding, los bienes virtuales y la banca digital.

Entre los principales retos encontrados el especialista mencionó al de crear un marco que
protege a los clientes a la vez que resultara lo suficientemente flexible para los cambios futuros.

La norma se basó en 6 principios rectores que proporcionan flexibilidad a la regulación secundaria. 

  • Acercar los servicios financieros a sectores que no han sido tradicionalmente
    atendido por el sistema financiero. Así como fomentar el uso de nuevas tecnologías.
  • Divulgar modelos de operación de plataforma y factores de riesgo. Y establecer conciliación y arbitraje para la resolución de disputas. Proteger los datos personales de los usuarios.
  • Permitir mayor diversidad y nuevos canales de distribución de servicios financieros.
  • Establecer una autorización general y marco de operaciones a través de una regulación prudencial que promueva solvencia financiera y estabilidad.
  • Mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a través del establecimiento de estándares mínimos para identificación del cliente.
  • Evitar la preferencia por cualquier tecnología particular. Finalmente, el directivo recordó que la regulación requiere un contacto cercano con las instituciones reguladas, a fin de identificar mejoras en disposiciones o incluso la Ley (límites, nuevos modelos, accionistas, etc.). 

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