- El Banco Central de Uruguay remitió al Parlamento un anteproyecto de ley que establece el derecho de usuarios y empresas a portabilidad de sus datos financieros
- Uruguay se suma a un movimiento que Brasil, Chile y Colombia ya pusieron en marcha
El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó en junio de 2026 un anteproyecto de ley para la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas, una iniciativa que busca modernizar la infraestructura del sistema financiero y de pagos del país, introducir mayor competencia e impulsar el desarrollo de nuevos servicios.
El proyecto fue aprobado el 5 de junio por el Directorio del BCU y forma parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, que contempla la implementación de finanzas abiertas como uno de sus lineamientos estratégicos, en línea con la agenda nacional de transformación digital.
Qué propone el marco regulatorio
El BCU concibe al sistema como una infraestructura regulada, interoperable e interconectada que facilita el acceso y uso de datos financieros y de pagos, con preservación del control del usuario sobre su información, para habilitar la prestación de servicios más eficientes y accesibles.
El principio central del anteproyecto es que los datos generados por las transacciones financieras pertenecen a los propios usuarios. Bajo este esquema, tanto personas como empresas podrían compartir su información de forma segura con instituciones registradas, siempre bajo consentimiento previo, expreso e informado, a fin de acceder a servicios en condiciones más favorables.
Impacto potencial en los usuarios y el sector
Para Ximena Aleman, presidenta de la Cámara Uruguay Fintech y cofundadora de Prometeo, el anteproyecto reconoce un derecho que los usuarios ya tienen, pero que hasta ahora no podían ejercer. La información financiera le pertenece al usuario aunque esté alojada en los sistemas de las instituciones que le prestan servicios, y el nuevo marco le permitiría compartirla con otras entidades para obtener mejores condiciones de crédito, inversión o ahorro sin necesidad de operar dentro de la misma institución que hoy custodia esos datos.
El área donde este tipo de esquemas tiene mayor impacto es el crédito, aunque sus efectos se extienden de forma transversal a todos los productos financieros, incluyendo inversión y cuentas remuneradas. La idea es que la oferta de servicios pueda personalizarse en función del perfil real de cada usuario —ingresos, gastos, capacidad de pago y ahorro— sin requerir balances ni certificaciones contables.
Aleman encuadra la iniciativa como una segunda ola de inclusión financiera. Uruguay tiene poco acceso relativo a servicios financieros más allá de los productos básicos, y este anteproyecto profundiza lo que se hizo con la ley de inclusión financiera hace doce años, aprovechando las posibilidades que hoy ofrece la tecnología.
El contexto regional
Brasil, Colombia Chile y Perú llevan ventaja al resto de los países en materia de finanzas abiertas. La renovación de la infraestructura financiera es un movimiento global y este anteproyecto apunta a alinear al país con estándares internacionales.
El impacto concreto sobre el ecosistema fintech local dependerá de cómo se cristalice la regulación en la práctica. Si el marco genera mayor competencia e interoperabilidad, podría abrir el mercado a nuevas empresas fintech —incluyendo actores internacionales— y permitirles atender segmentos que hoy permanecen excluidos del sistema financiero.
El anteproyecto deberá atravesar ahora el proceso legislativo antes de convertirse en ley. El sector financiero y el ecosistema de startups uruguayo seguirán de cerca su evolución, con la expectativa de que el marco definitivo habilite condiciones reales de competencia en un mercado históricamente concentrado.
