El gobierno chileno envió al Congreso dos proyectos de ley con los que busca introducir mayor competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos.
El primero busca modificar la Ley General de Bancos para permitir la emisión de instrumentos de pago con provisión de fondos -más conocidos como medios de prepago-, ya sea en plásticos, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte, con el fin de ampliar el rango de posibles emisores.
De hecho, el texto establece que las empresas no bancarias -retail, telecomunicaciones y cajas de compensación- podrán emitir tarjetas de prepago abiertas multipropósito, estableciendo normas prudenciales que resguarden el buen funcionamiento del sistema de pagos y la estabilidad financiera. Lo que hoy les está vedado.
Se faculta al Banco Central para fijar un marco de regulación normativa (requisitos mínimos de liquidez, capital pagado y reservas, relación deuda capital, clase de activos en que podrá efectuarse la inversión de los fondos captados, políticas de gestión y control de riesgos, transparencia y entrega de información). Y radica en la SBIF la supervisión y fiscalización de los emisores y operadores.
La iniciativa explicita que las sociedades de apoyo al giro bancario que sean operadores o procesadores de tarjetas pueden prestar servicios a emisores de prepago, sean o no bancos.
Entre los resguardos, establece que los dineros recibidos no devengarán intereses ni reajustes, sólo podrán utilizarse para efectuar los pagos correspondientes al uso de dichos sistemas; no están cubiertos por garantía estatal a los depósitos establecida en la Ley de Bancos; implican registro y contabilidad separada de los dineros de la sociedad emisora; y deberán acogerse a normas y disposiciones existentes en materia de lavado y blanqueo de activos. Habrá sanciones a los emisores que eludan la fiscalización de la SBIF.
El proyecto destaca que la extensión del prepago podría contribuir a la inclusión financiera de sectores de menores ingresos -en los cuales el acceso a tarjetas de crédito o débito se hace más difícil-, permitiendo, además, el pago de beneficios del Estado a través de esta herramienta.
El otro proyecto apunta al ingreso de nuevos actores en el sistema de procesamiento de pagos, hoy concentrado en Transbank. Se dispone la obligatoriedad de que Transbank -sociedad de apoyo al giro bancario cuya propiedad pertenece a 14 bancos- facilite las condiciones necesarias para el ingreso de nuevos actores.
Subraya que Transbank, además de ser el exclusivo procesador de transacciones electrónicas, es también el único adquirente (encargado de la afiliación y relación comercial con los establecimientos comerciales). “Los comercios se ven enfrentados a una única política comercial y una única tarifa, que es fijada por Transbank en nombre de los bancos emisores”, dice el texto.
Fuente: La Tercera
